Por Joan Escalante 

Siempre me pregunté por qué el Perú importa el 70% de los alimentos que consume si la naturaleza económica de nuestro país (al menos desde un punto de vista geopolítico) siempre fue agropecuaria, hemos dejado por décadas que la minería ocupe espacios que son vitales para el Perú en temas alimentarios, en donde a lo largo de casi 30 años se dio a las empresas de esta actividad económica, condonaciones y exoneraciones de deudas millonarias, entrega de recursos hídricos indiscriminados (algunos incluso a perpetuidad), tomas irregulares de tierras y ejecuciones de proyectos incluso con prohibiciones judiciales como es el caso de Cajamarca.

Todo esto generó hasta el año 2018 más de 30 conflictos sociales a nivel nacional en donde el reclamo era básicamente por el uso del agua, siendo el más reciente el ocurrido en Arequipa con el proyecto Tía María; todo esto sin tomar en cuenta que la importación de alimentos es una práctica mucho más frágil ya que dependemos en un 70%, de otros países, que bien podríamos producir nosotros nuestros propios alimentos e incluso competir en temas de exportación, sin embargo la supresión sistemática de esta actividad económica más vital incluso que la minería, ha venido siendo mellada de forma terriblemente inconciente.

Si tomamos en cuenta que el "boom" minero terminó oficialmente en el 2017, y que, con todo el dinero acumulado de esta industria primaria no logramos reducir ni una de las brechas de desigualdad social, solo hay que ver que ni siquiera logramos superar el 6% de inversión en educación, para darnos cuenta que la minería no es la maravilla que muchos "opinólogos" y periodistas defienden a capa y espada; cuántas veces oí decir a muchos "expertos" decir que "nos gusta vivir de papitas, camotitos, yuquitas y llamitas", agregando al agro ese estigma de retraso e ignorancia que minimiza de la manera más cobarde y clasista al trabajador agropecuario.

Hoy por hoy nos encontramos frente a una pandemia que ha dejado al desnudo todas las falencias en los servicios públicos, sobre todo el de salud, en donde muchos al no contar con alimentos para poder suplir las necesidades alimentarias corren con el riesgo de aumentar la tasa de enfermos, desnutridos, anémicos y por ende vulnerables frente a un virus que poco a poco ya ha matado a más de cien peruanos; cuánto hay que esperar para que la importación de alimentos se vea afectada y ya no se reciba el flujo del que injustamente dependemos, para finalmente voltear y ver que nuestro agricultor peruano es quien debería ser cuidado y defendido pues nuestras vidas dependen indirectamente de ellos.

Es hora de hacer una reingeniería de cuáles son las actividades más vitales para preservar la vida de la ciudadanía, apelando al primer artículo de nuestra constitución en donde el bienestar social se basa en aquello que resguarda nuestras vidas, colocando a la persona como el primer y último bien económico que traiga progreso al país y no como meros números, en donde solo somos herramientas para favorecer a grupos minoritarios que después nos dejan abandonados a nuestra suerte. Hoy por hoy dentro de todo el olvido en el que cayó el trabajador agropecuario peruano se abre una pizca de interés político por medio de un bono social, propuesto por el FREPAP para ayudar a las personas afectadas por la pandemia y que puedan seguir dándonos el alimento que puede salvarnos la vida.

Sin embargo ello no es suficiente pues el compromiso del estado debería ser más integral en el propósito de potenciar la industria que al final nos favorecerá a todos, mejoras en infraestructura, comunicaciones, derechos laborales, reconocimiento de propiedades, entrega de servicios sociales principalmente el de salud y educación son algunos de los aspectos que deberían ser tomados como prioridad, en orden de potenciar aquella industria de la que al final dependemos todos y que en una crisis puede salvarnos como sociedad y país.