El problema de la inseguridad ciudadana en el Perú tiene múltiples aristas, no solo se trata de la inseguridad en sí sino de todos los componentes que la conforman y la incrementan, problemas sociales como el desempleo juvenil, la violencia familiar, el abandono social y familiar, la deserción escolar, el embarazo adolescente, el consumo y micro comercialización de drogas, la informalidad y así hasta conformar una larga lista. 

El trabajo para resolver esta problemática de inseguridad en ese sentido no se hace solo desde la sanción del delito, es decir con acciones netamente operativas como las de la PNP o la fiscalía, sino también con otras de trabajo social desde el resto de sectores que tienen relación directa con las otras partes del problema: es decir el resto de ministerios como el de trabajo, educación, inclusión social, mujer, cultura, economía, salud, etc.

El trabajo coordinado que ataca el problema desde múltiples sectores, entonces tendría como consecuencia la solución, no solo de la inseguridad ciudadana en sí sino también de otros medulares como generación de empleo, reducción de los niveles de analfabetismo, reducción de la pobreza, incremento en la atención social y familiar y por ende reducción del delito que es lo que se busca lograr.

¿Pero quien es el que debe manejar este problema? ¿Acaso el gobierno central? ¿El poder ejecutivo o legislativo? La respuesta no es tan sencilla pues el trabajo entre todos los sectores debe ser coordinado, desde el gobierno central (ejecutivo) que es la entidad ordenadora macro, siguiendo después el Congreso de la República y terminando con los gobiernos regionales y locales (municipalidades provinciales y distritales), como entidades que tienen contacto directo con la población Y VICEVERSA.

De ahí radica la importancia de saber elegir a los representantes tanto regionales como nacionales, pues el patrón para decidir quienes nos van a representar debe ser el nivel de compromiso social, la voluntad política para inmiscuirse en los problemas sociales y buscar resolverlos, así como ejercer la continuidad de los programas y acciones que buscan terminar con los males endémicos como la inseguridad, que ya bastante daño hacen a la sociedad.

Sol a manera de ejemplo, cuando se dio la muerte de los bebés prematuros en Lambayeque (agosto del 2019), los primeros en responsabilzar al ejecutivo fueron los congresistas de la república, sin embargo a los legisladores se les olvidó que ellos son representantes de sus regiones (porque se les elige por región), y una de sus principales labores como congresistas es FISCALIZAR LAS ACCIONES DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES.

Sin contar que como miembros del legislativo sus funciones de generar leyes deben darse en base a las necesidades, problemas y urgencias de sus regiones en la medida que estén en supervisión constante de ellas, sin embargo esto jamás pasó y muy por el contrario no lo hicieron hasta su disolución, por decisión popular y acatada por el presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo.

En ese sentido la responsabilidad es COMPARTIDA por todos los niveles de gobierno, desde los nacionales (ejecutivo y legislativo) hasta los regionales y locales, pues sin un trabajo coordinado simplemente no se puede resolver nada. PERO LO MÁS IMPORTANTE ES QUE LA BASE DE SOLUCIÓN DE NUESTROS PROBLEMAS SOMOS NADA MÁS QUE NOSOTROS MISMOS, sabiendo a quiénes vamos a elegir para poner en los cargos públicos y congregando el poder, si no cumplen, de sacarlos de ahí si es necesario.