El Perú ha pasado por tres años muy traumáticos. La propuesta de centro derecha que estaba representada por la franquicia política de Peruanos por el Kambio (PPK) no llegó a ninguna parte debido al constante bloqueo de otro partido que, supuestamente, comparte sus principios e idearios políticos: el fujimorismo. Si uno se detiene a revisar los planes de gobierno de ambas agrupaciones verán que no existe ninguna diferencia sustancial entre ellos. Ambos respetan el modelo económico actual, ambos apoyan una visión de libre mercado (supuestamente), políticas públicas asociadas a la derecha empresarial e incluso el fujimorismo fue más allá al reconocer los enfoques de género en su programa educativo.

Pero…. ¿Qué pasó? “¿por qué tanto odio?” (leerse con voz compungida).

En sencillo, el fujimorismo no admite competencia. Nunca la aceptó. Recordemos como Toledo hizo su primera campaña con el lema de construir el “segundo piso” de lo logrado por el fujimorismo lo cual, programáticamente, era igual a lo que el partido naranja proponía. Sin embargo, las malas artes y la guerra sucia se impusieron sobre los rivales de turno de ese entonces. La demolición contra Toledo y Castañeda Lossio desde todos los medios durante la dictadura en los 90 lo demuestra. Visto desde la perspectiva del año 2019, la pelea entre aquellos corruptos, hoy reconocidos, parece bizantina.

El fujimorismo no es un partido dialogante, ni democrático. Es un partido de imposiciones verticales y hechos consumados que responde a la más profunda vena autoritaria que tenemos todos los peruanos. Es el partido de la mototaxi y la botica. Es el partido de la yuca y del porcelanato. Esa es la gran debilidad para nuestra democracia.

El nuevo congreso que se avecina es, por lo tanto, decisivo para marcar una pauta de cambio y no repetir los errores que se han cometido luego de la recuperación de la democracia el año 2000.

Por ello, meditando desde la plataforma del colectivo NAK, propongo los 15 puntos no negociables a los que se deberían comprometer todos los candidatos al congreso:

1. Tomar al 100% y convertir en ley las reformas políticas elaboradas por la comisión Tuesta en marzo de este año (las 404 páginas están en el link). Ellas incluyen, financiamiento de partidos, inscripción, primarias electorales, bicameralidad, levantamiento de inmunidad, no postulación de candidatos con sentencias, etc.

2. Tomar y discutir en el parlamento las propuestas de la Comisión Presidencial de Integridad creada mediante Resolución Suprema N.° 258-2016-PCM, del 19 de octubre de 2016, por la Presidencia del Consejo de Ministros. Solo una cuarta parte de estas normas han sido aprobadas.

3. Aparte de la reforma política, eliminación definitiva de la inmunidad no solo a parlamentarios, sino también, a altos funcionarios del estado, como jueces de la suprema, fiscales supremos, etc. Es decir, incluir la eliminación del antejuicio político.

4. Ampliar el cuadernillo de extradición de César Hinostroza por organización criminal, que incluya a los ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, con el procesamiento de Guido Aguila, Julio Gutiérrez (ya procesado actualmente), Iván Noguera (aka Dr. Rock), etc. Ello implica también el levantamiento de inmunidad y proceso a jueces y fiscales supremos implicados en el caso los “cuellos blancos del puerto”, comenzando por Pedro Gonzalo Chávarry, Víctor Raúl Rodríguez Montesa y Tomás Aladino Gálvez. El Poder Judicial debe tener la libertad de procesarlos.

5. Un nuevo marco legal para la instalación de la Junta Nacional de Justicia.

6. Votar los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y que estos no tengan ninguna afiliación política.

7. Apoyo total a jueces y fiscales que investigan casos de corrupción. Oderbrecht y cuellos blancos. Es decir, no obstruccionismo.

8. Levantamiento de inmunidad y retiro de antejuicio a aquellos congresistas que hayan cometido delitos de función. Caso Rosa Bartra (blindajes), Héctor Becerril (sobornos, interferencia con poderes del estado, etc.), César Segura (bloqueo de acusaciones constitucionales), Luciana León, etc, para que puedan ser procesados y que el Poder Judicial determine sus responsabilidades.

9. Inhabilitación pública a quienes tengan responsabilidades con el caso Oderbrecht.

10. Eliminación del infame anexo 5 de la comisión de economía del congreso que produce una hemorragia de fondos del estado, aparte de la corrupción que ello implica.

11. Reducción del personal de confianza del congreso. Que el ingreso sea por concurso público.

12. Eliminación de la semana de representación.

13. Declaración obligatoria de los conflictos de interés en las votaciones parlamentarias.

14. Eliminación de la comisión de ética y su paso a una organización de la sociedad civil para eliminar la costumbre del “otorongo no como otorongo”.

15. Estado laico. Las políticas públicas en salud y educación no deben obedecer a ninguna confesión, ni sectas religiosas.

Los futuros legisladores deben tener muy en claro cual es su función y no excederse en ellas. En estas elecciones seguramente van a haber muchas falsas ofertas y debemos estar atento ante quienes las hacen. No debemos votar por ellos.

En principio, no debemos votar por los partidos políticos que nos llevaron directamente a esta crisis. Estos son, Fuerza Popular (fujimorismo), APRA, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y los restos de Peruanos por el Kambio, hoy, Contigo. Tampoco votar por los partidos "topos" como Solidaridad Nacional, Podemos Perú, Vamos Perú, etc, los cuales o llevan ex parlamentarios naranjas o miembros que son funcionales a sus intereses.

El NAK no es un partido político. Es un colectivo que agrupa a diversas corrientes de opinión, quienes tenemos el común denominador de haber visto en el fujimorismo un peligro para la democracia peruana. Hemos actuado en consecuencia a esos principios juntándonos con otros colectivos sin cuestionar sus ideas o ideologías políticas a la hora de desarrollar acciones en defensa de la democracia.

En ese sentido, nuestra tarea es ser propositivos a la ciudadanía y creo que estos puntos mínimos de consenso deberían ser discutidos desde la sociedad civil para ser llevados a nuestro próximo parlamento, y así evitar la amenaza constante de destrucción de nuestras instituciones en manos de la corrupción y la intolerancia políticas. Y, en el caso de los funcionarios públicos con indicios de responsabilidades (como los citados), estos deben ser llevados ante el Poder Judicial en donde se determinará su culpabilidad o inocencia.

Esperamos que los peruanos de buena fe tomen estas ideas, que no son patrimonio exclusivo de un individuo, sino de la visión de un gran y mayoritario grupo de ciudadanos que buscan lo mejor para su país en esta coyuntura histórica tan particular.