Por: Joan Escalante

En los últimos días se ha venido hablando de la prisión preventiva como un mecanismo judicial que debiera ser utilizado de solo de forma excepcional, esto a raíz del reciente suicidio de Alan García ante una inminente detención y la aprobación de la prisión preventiva al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, todo en relación a los casos de corrupción de Lava Jato; en donde los pronunciamientos en contra del accionar de los fiscales del equipo especial, así como de los jueces que aprobaron estos requerimientos no han sido pocos.

Esto sin embargo es solo una parte del problema pues no se toma en cuenta el escenario en donde se desarrolla esta problemática, ya que el sistema judicial del Perú actualmente se desenvuelve en gravísimos escándalos de corrupción; el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, en donde se disponía a literalmente “a dedo” a los nuevos jueces del circuito es un ejemplo claro, en donde todas las leyes y dispositivos judiciales se trastocan y violentan los derechos de millones de peruanos quienes desconocían hasta hace poco esta penosa realidad.

Pero fuera de sopesar estos aspectos, muy por el contrario hemos visto a personajes de la política (apristas, fujimoristas y sus simpatizantes en mayor parte), quienes han denunciado que existe ya una actitud abusiva por parte de los fiscales José Pérez y Rafael Vela; así como otros personajes representantes de instituciones públicas, tales como el Presidente Martín Vizcarra, el premier Salvador Del Solar y el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, de la misma forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que:

«Sobre esto, la CIDH refiere que “la referida modificación se diferencia de lo estipulado anteriormente en el Código Procesal Penal, que únicamente establecía un plazo máximo de 18 meses en casos de procesos complejos, que podía ser prolongado por un plazo adicional de 18 meses”. Asimismo, la CIDH afirma que “esta modificación resulta contraria a aquellas acciones que buscan racionalizar el uso de la prisión preventiva de conformidad con estándares internacionales en la materia, y como parte de un abordaje comprehensivo de los aspectos técnicos de la problemática delictiva y de la aplicación eficaz del sistema criminal”.» - https://laley.pe/art/4194/cidh-advierte-sobre-el-mal-uso-de-la-prision-preventiva-en-el-peru-y-america-latina.

En ese sentido damos cuenta que la prisión preventiva funciona como único mecanismo para garantizar un proceso de investigación que al menos pueda llegar a buen puerto, esto se refuerza con el accionar de personajes que han estado ligados a procesos judiciales por corrupción, en donde hoy estos venden una falsa imagen de inocencia bajo la premisa que los juicios a los que han estado sometidos “nunca probaron nada”; lo cierto es que los procesos a los que han estado sometidos –por ejemplo- Alan García y Keiko Fujimori, siempre han sido interrumpidos por argucias, tecnicismos y artilugios judiciales.

Casaciones, acciones de amparo, hábeas corpus, recusaciones e incluso prescripción han sido las argucias legales y judiciales que se utilizan con regularidad en estos procesos, los cuales lejos de probar algo solo dejan en duda la culpabilidad e inocencia de los acusados pues no existe veredicto final; es sin embargo común que estas personas busquen vender esta duda como inocencia aduciendo que no se les logró probar nada -claro si nunca se terminó el proceso- es normal , que no se pueda probar algo del todo.

Ejemplos claros fueron el de la Megacomisión en mayo del 2012, cuando el ex mandatario presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial alegando que se violó su debido proceso y derecho a la defensa, a propósito de una citación que le hicieron sin las formalidades de ley; otro ejemplo fue el del ex gobernador del Callao, Félix Moreno en junio del 2017, en donde el exceso de garantías a la ley en orden de sustentar la prisión preventiva a manos el magistrado Rómulo Carcausto Calla, presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones; ocasionó que Moreno no solo salga libre, sino que hoy se encuentre prófugo de la justicia y que por alguna razón el ministro del interior Carlos Morán hasta la fecha no le encuentra.

Pero además para que estas argucias legales tengan un efecto no solo se deben presentar, también deben tener jueces y fiscales que las hagan valer dentro del circuito de justicia y el ejemplo más claro de ello son “Los Cuellos Blancos del Puerto”, mafia al interior del sistema que arreglaba y transaba sentencias incluso de pedófilos para ponerles en libertad o reducirles las condenas; lo peor de todo es que hasta la fecha los principales miembros aun gozan de privilegios: César Hinostroza no solo logró salir del país sino que camina libre por las calles de Madrid, Pedro Chávarry fue blindado de todas sus denuncias en la sub comisión del Congreso de la República y sigue fungiendo de fiscal superior; además de Edgar Espinoza quien está acusado de archivar denuncias a favor de empresarios, pero que hoy sigue trabajando en la fiscalía del Callao.

A eso le agregamos otros detalles como los congresistas que a pesar de tener sentencias condenatorias siguen trabajando como “representantes” del pueblo: Zacarías Lapa (FA), Guillermo Martorell (FP), Benicio Ríos (APP) y el Gral EP(r) Edwin Donayre (APP); son una clara muestra que el sistema de corrupción no solo se encuentra dentro del circuito judicial, sino que también trabaja en pared con otras instituciones del gobierno como el propio poder legislativo, hecho que demuestra que los sistemas de justicia en el Perú están completamente corruptos y porque no decirlo… podridos.

Por lo tanto, los pedidos de prisión preventiva por parte de los fiscales serían abusivos si el sistema judicial en el Perú fuesen probos, transparentes y competentes pero todos sabemos que es nada de eso, las redes de corrupción en afán de liberar a estos acusados movidas por la influencia de estos han llevado al extremo el esfuerzo de los fiscales y jueces anticorrupción ; quienes han visto en el requerimiento de prisión preventiva un único mecanismo de garantizar por lo menos un proceso llevado a buen puerto, en ese sentido debemos apoyar el ejercicio de esta figura judicial en orden de llevar a los tribunales a todos quienes delinquieron contra el Perú.

Este 25 de abril todos estemos presentes en la Plaza San Martín en apoyo de nuestros fiscales y al Perú.