De aprobarse la excusa golpista de vacancia por parte del fujimorismo, mañana se inicia la primera fase de demolición de la democracia peruana y el estado de derecho, sólo comparable al golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Una vez más, el fujimorismo y sus secuaces, enquistados en el Congreso de la República, amenazan el orden democrático que tanto nos costó recuperar en el año 2000.

¿Alguien puede pensar que el fujimorismo no desea convertir a Keiko Fujimori en presidenta el 2018? ¿Acaso no está en marcha también un proceso para destituir al Fiscal de la Nación, destituir también a los miembros del Tribunal Constitucional y copar la Corte Suprema?

Hoy también vemos cómo quienes decían luchar contra la corrupción y por la democracia se han unido en una alianza utilitaria para impulsar una vacancia express, amparados en una paupérrima visión de rédito político junto a un infantilismo pseudo revolucionario que solo nos conducirá al caos, el desgobierno y al fin de nuestra democracia. Lo dicho nos lleva a pensar que se trata de un oportunismo político que considera este el escenario perfecto para que caiga el sistema político en pleno y ellos avanzar su propia agenda política e ideológica.

Desde el Colectivo No a Keiko rechazamos la posición pro vacancia express asumida por el Frente Amplio liderado por el congresista Marco Arana.

Una vacancia por “incapacidad moral permanente” del Presidente de la República, que personifica a la nación peruana, solo podría declararse siguiendo un debido proceso, con la debida evaluación de los hechos, plazos razonables y con la serenidad que demanda una responsabilidad histórica. Si el presidente es culpable, deberá responder ante la justicia y la ciudadanía pero no a través de un linchamiento irresponsable sino por medio de un debido proceso. En ese sentido, un principio básico del debido proceso es que el juez sea imparcial y cuente con la idoneidad moral suficiente que avale sus juicios. ¿La mayoría congresal fujimorista detenta o adquirió idoneidad ética repentinamente? Revisemos, señor Marco Arana, las credenciales éticas de sus nuevos socios:

Victor Albrecht, implicado por la Contraloría en el caso Lava Jato. 

Betty Ananculí, denunciada ante la fiscalía por mentir en su hoja de vida.

Gladys Andrade, denunciada por tráfico de influencias y mentir en su hoja de vida.

Lucio Ávila, sentenciado por no pasar alimentos a sus hijos.

Héctor Becerril, que pasó de matón a congresista, deudor alimentario y que acaba de difamar a todos los congresistas que votarán en contra de la vacancia diciendo que han sido comprados por el gobierno.

Karina Beteta, con investigación abierta por lavado de activos.

Guillermo Bocangel, con denuncia por peculado doloso en la fiscalía anticorrupción.

Miguel Castro, denunciado por apropiación ilícita de un inmueble

Cecilia Chacón, condenada por enriquecimiento ilícito.

Modesto Figueroa, denunciado por lavado de activos.

Luis Galarreta, tránsfuga que compró a precio bamba un departamento a Joaquín Ramírez.

Úrsula Letona, asesora legal de la pesquera Hayduk del narcotraficante Olluquito.

Elard Melgar, plagió su tesis de abogado.

Yesenia Ponce, mintió en su hoja de vida.

Rolando Reátegui, implicado en el financiamiento ilegal de Fuerza Popular y que recibió dinero del alcalde de Tocache, hoy preso por asesinato.

¿Quiere que sigamos, señor Arana, hasta completar el prontuario de sus 72 nuevos socios?

En este momento crucial para nuestra historia no podemos mirar de costado y menos hacer llamados irresponsables declarando “que se vayan todos” como si no supiéramos que ello significa hacerle el juego al fujimorismo. Por eso, invocamos a quienes hoy marcharán bajo esa consigna que no compartimos a reflexionar sobre lo que significaría la demolición de este gobierno en medio de la absoluta arbitrariedad de Fuerza Popular y acompañantes de turno. Nuestro Colectivo No a Keiko saluda todas las iniciativas de movilizaciones que se hagan contra la corrupción, pero no participará activamente de aquellas que se realicen de manera irresponsable y que sirvan para demoler el orden democrático y entregar la presidencia del Perú a Luis Galarreta.

“Que se vayan todos” significa darle la presidencia de la República a Luis Galarreta y que la organización criminal Fuerza Popular asuma la conducción de todos los poderes del estado irregularmente y violando la Constitución. A ustedes amigos que piden “que se vayan todos” les pedimos que reflexionen. Ya vimos en las elecciones pasadas como se comportó el Jurado Nacional de Elecciones a favor de Keiko Fujimori, ¿en serio pueden pensar por un minuto que tendremos elecciones libres regalándole la presidencia a Galarreta, peón de Keiko Fujimori?

Que la historia nos juzgue a todos y que el pueblo sancione en las urnas a los felones que hoy traicionan la democracia que conseguimos en el año 2000. Mañana jueves la lucha continúa en las calles, allí estaremos.

¡Viva el Perú!