El día lunes 11 de diciembre de este año, Aldo Mariátegui publicó esta columna: “Entre el Odio y la Decencia”. Estamos más que acostumbrados a los sofismas y correlaciones falaces a las que nos tiene acostumbrados el señor Mariátegui (dejando de lado, obviamente, la virulencia de sus artículos). Pero debemos decir que este último nos llamó poderosamente la atención por el siguiente párrafo: “Ud. puede odiar a Chlimper y los fujimoristas. Es su derecho. Pero su ODIO no puede ni debe llevarle a aprobar excesos como este.” (sic) 

A primera vista la cita en cuestión nos trae una conclusión que es perfectamente válida, es decir, nadie puede ser objeto de una investigación por una serie de actos que fueron anteriores a una supuesta responsabilidad suya: “Se establece que el secretario general del partido político Fuerza Popular (Fuerza 2011) José Chlimper Ackerman desconoce sobre la información y documentación de las actividades relacionadas a la campaña presidencial de 2011; lo que permite inferir que se opone a que el Ministerio Público obtenga evidencias del aporte de la empresa Odebrecht y/o vinculadas a su organización”, es lo que argumenta la fiscalía. Pero nosotros creemos que es una razón perfectamente válida ya que no es cierto que el señor Chlimper fuera ajeno a la campaña fujimorista del 2011.

Más allá de lo que pensemos del señor Chlimper, quien merecerá en el futuro un artículo aparte por sus audios trucados, su rol en los sobornos de Oderbrecht mientras estuvo en Graña y Montero, la incompatibilidad de su vida pública con su cargo en el BCR, etc, coincidimos con el señor Mariátegui en que nadie puede ser investigado por actos ajenos a una supuesta responsabilidad. Es un principio válido a todas luces. Hasta aquí, todo ok Aldo. Estamos contigo.

Pero no nos veas la cara.

Utilizar un principio válido y extrapolarlo a una situación real (que en el caso del señor Chlimper no es análoga para nada) puede ser una manera muy útil para esconder grandes falacias. Y lo que es peor, en este caso, Mariátegui ha revelado (inconscientemente) como él entiende realmente la lucha política: como el derecho al odio.

Comencemos por el principio, es decir, el supuesto falso que el señor Mariátegui suelta sin pensar. En la novela 1984 de George Orwell, los ciudadanos de la dictadura del Gran Hermano tenían todos los días sesiones de adoctrinamiento de lealtad al partido: los dos minutos del odio (¿coincidencia?), durante el cual todos ellos lanzaban la mayor cantidad de insultos posibles y con una euforia desatada a los enemigos del partido. Orwell la tenía muy clara: las dictaduras se sustentan sobre el manejo de las emociones. Quien conciba que las democracias deban ser cultivadas con la misma base, en realidad le está haciendo un juego en pared al autoritarismo. No podemos defender ese supuesto derecho al odio.

No señor Mariátegui. Flaco favor le hace usted al señor Chlimper cuando apela a semejante argumento. No se puede, ni se debe odiar a nadie en política. No hay tal derecho. Porque entonces uno de los grandes pilares de la democracia, el diálogo, quedaría como una extremidad amputada e inútil. En democracia no existe el derecho al odio, usted señor ciudadano no tiene tal derecho. Que no lo engañen.

Quizá esa sea la razón de la virulencia, no solo del señor Mariátegui, sino de otros tantos opinólogos que privilegian el adjetivo antes que el análisis en frío de determinadas coyunturas. Su manera de entender la política es lamentablemente muy popular, y maneja la emoción por encima de la decisión razonada y los consensos necesarios que constituyen la base de la convivencia civilizada.

Luego la segunda falacia es evidente. Al plantear este falso derecho está implicando que los rivales políticos del fujimorismo, cuando plantean sus acusaciones, lo hacen con esta motivación. En una variante paranoica del dicho "el león piensa que los demás son de su misma condición", acusa de manera directa que las causas del rival no son racionales, sino producto del odio. Y la fiscalía actúa por odio. Y los antifujimoristas, por odio. Y los congresistas por odio. Y los periodistas por odio. Y así a todo aquel que se le ponga enfrente con una opinión contraria.

Entendámoslo claramente. Plantear el odio como derecho para que sea aplicado al rival político no solo es anular el diálogo y el consenso necesarios en democracia, sino que es una manera primaria e irracional de entender la política. En lo que si creemos es en el derecho a la indignación que es una cosa muy distinta al odio. Sino, consulte su diccionario señor Mariátegui. Indignación y odio no son la misma cosa. Allí está todo clarito.